Una orden preliminar de la jueza federal del distrito sur de Florida, Kathleen Williams, ha sumido en la incertidumbre el futuro del centro de detención de migrantes conocido como "Alligator Alcatraz".
Esta semana, la jueza prohibió la entrada de nuevos detenidos y cualquier expansión de su infraestructura.
La decisión de la jueza Williams es el resultado de una demanda federal presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee de Indígenas de Florida.
Ellos argumentan que el centro ha provocado un daño ambiental irreparable a los Everglades y ha violado los derechos de los pueblos indígenas.
Construido rápidamente en los pantanos del sur de Florida, "Alligator Alcatraz" ha sido objeto de fuertes críticas por las condiciones inhumanas que sufren los migrantes.
Diversos legisladores y representantes estatales han denunciado que la instalación retiene a los detenidos en jaulas sobrepobladas, donde los exponen al calor, a los insectos y a la falta de alimentos.
¿Qué dicen sobre Alligator Alcatraz quienes han podido ingresar?
La representante Debbie Wasserman Schultz describió lo que los visitantes vieron: "Treinta y dos detenidos llenan cada jaula, y cada una solo tiene tres pequeños inodoros que también sirven como lavabos".
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, denunció las condiciones. Ella dijo que "las personas han enfrentado condiciones que han conmocionado a nuestra comunidad, nuestra nación y al mundo".
La alcaldesa afirmó que estas condiciones traicionan los valores fundamentales de Estados Unidos.
En su fallo, la jueza Williams declaró que el proyecto "causa daños irreparables, como la pérdida de hábitat y un aumento en la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona".
Williams también subrayó que construyeron la instalación sin seguir la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y que su operación amenaza directamente el ecosistema y el suministro de agua de la Tribu Miccosukee.
¿Cuál es la alternativa de Florida ante la orden de cierre de Alligator Alcatraz?
El estado reaccionó de inmediato. El gobernador Ron DeSantis llamó a Williams una "jueza activista" y aseguró que la acción judicial era predecible.
En una conferencia de prensa, DeSantis enfatizó: "No nos van a disuadir. Tenemos toda la razón en esto". Él agregó: "Sabíamos que esto era probable y responderemos en consecuencia".
El equipo legal de Florida ya presentó una apelación y busca suspender la orden temporalmente. Ellos advierten que el interés público sufrirá un "daño irreparable" en la seguridad y en la economía del estado si la orden continúa, reseña Infobae.
Mientras tanto, DeSantis anunció la puesta en marcha de un "plan B". El estado abrirá un nuevo centro de detención en el norte de Florida, al que llamará "Depot de Deportación". Este centro tendrá una capacidad para 2,000 detenidos.
"No solo queremos albergar a la gente indefinidamente. Queremos procesar a los inmigrantes indocumentados, prepararlos y luego devolverlos a su país de origen", declaró el gobernador.
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