Las políticas migratorias en Florida, especialmente la legislación SB 4-C, han generado una crisis laboral que impacta directamente la productividad, la competitividad y la estabilidad de varios sectores empresariales.
Desde su implementación, se ha observado un éxodo significativo de trabajadores indocumentados, lo que ha provocado escasez de mano de obra, pérdida de negocios y riesgo de caída del Producto Interno Bruto estatal.
Según un análisis de Axios, esta situación no solo afecta a empleadores, sino también a comunidades enteras que dependen de la actividad económica generada por estos sectores.
Agricultura, construcción y servicios: los más golpeados por la reforma
Los sectores más afectados son la agricultura, la construcción y los servicios. Estas industrias dependen históricamente de fuerza laboral extranjera para sostener sus operaciones diarias y estacionales.
En Plant City, el productor Fidel Sánchez perdió la mitad de su equipo agrícola tras la reforma migratoria. Antes tenía 80 empleados; ahora apenas cuenta con 40.
Para suplir la demanda, recurrió al programa de visas H-2A. Sin embargo, los costos operativos aumentaron y la capacidad de producción disminuyó considerablemente.
"Ya casi no tengo a nadie trabajando conmigo. Si la economía no nos va bien, no podemos plantar más. Plantaremos menos", dijo Sánchez a Axios
El Departamento de Agricultura de EE.UU. indica que el 40% de los trabajadores agrícolas no tiene autorización legal para laborar en el país.
Entre 2020 y 2022, el 42% de los empleados agrícolas carecía de permiso legal, mientras que solo el 32% había nacido en EE.UU., según datos del USDA.
Redadas migratorias paralizan obras y generan incertidumbre empresarial
En mayo de 2025, ICE detuvo a 33 inmigrantes en obras de construcción en Tampa. Más de 360 personas fueron interrogadas y muchas abandonaron sus puestos por temor a represalias.
Casos similares ocurrieron en Tallahassee, donde más de 100 trabajadores fueron arrestados. Estas acciones provocaron retrasos, cancelaciones de proyectos y pérdidas millonarias.
Empresarios del sector denuncian que la falta de claridad legal y el ambiente hostil dificultan la contratación y retención de personal calificado.
Oficios con alta demanda dependen de mano de obra inmigrante
Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), los carpinteros enfrentan una escasez del 65%, con un 32% de participación inmigrante.
Los techadores alcanzan un 52% de presencia extranjera, mientras que los instaladores de pisos y electricistas también reportan déficit de personal.
Michael Bellaman, presidente de Associated Builders and Contractors (ABC), advierte que el déficit en construcción supera los 439.000 trabajadores en 2025.
Este panorama exige una reforma migratoria urgente que permita regularizar y proteger a quienes ya forman parte esencial del tejido productivo.
Servicios, manufactura y economía local también sienten el impacto
En Tampa, el 6,2% de los empleados trabaja en construcción, mientras que manufactura representa el 4,7%, según el Censo 2020 y la ACS 2023.
Aunque educación y salud lideran el empleo con 19,9%, los sectores intensivos en mano de obra extranjera enfrentan una presión creciente por falta de personal.
Restaurantes, hoteles, empresas de limpieza y transporte también reportan dificultades para cubrir turnos, mantener estándares de servicio y evitar cierres temporales.
Más allá de los números
Las políticas migratorias no solo afectan la economía, sino también el tejido social. Familias separadas, miedo constante y pérdida de oportunidades son parte del nuevo escenario.
Organizaciones como Farmworker Justice y United We Dream denuncian que estas medidas generan discriminación, precarización laboral y vulnerabilidad emocional.
En este contexto, líderes comunitarios y empresarios piden soluciones que combinen legalidad, humanidad y sostenibilidad económica.
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