El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una denuncia en el Tribunal Superior del Condado de San Diego.
El funcionario demandó a la ciudad de El Cajón por incumplir con la ley estatal que prohíbe compartir datos de matrículas vehiculares con agentes oficiales federales y de otros estados.
Bonta señaló que la localidad puso en peligro “la privacidad y la seguridad de las personas en su comunidad”.
Añadió que “cuando la información sobre los californianos sale del estado, ya no tenemos ni voz ni voto sobre cómo se usa o comparte. En el caso de El Cajón, puso en peligro la privacidad y la seguridad de las personas en su comunidad. Hoy estamos pidiendo a un tribunal que resuelva el asunto”.
El fiscal explicó que tanto el Departamento de Policía como la Ciudad de El Cajón se negaron a dejar la práctica de compartir datos de los Lectores Automatizados de Matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) con agencias de otros estados como Alabama, Arizona, Arkansas y Florida: por lo que solicitó una orden judicial para detener inmediatamente estas acciones.
Alcaldía de El cajón se pronuncia sobre la denuncia del fiscal
El alcalde de El Cajón, Bill Wells, señaló que la demanda estatal es una “extralimitación de poder” y que el condado comparte datos recopilados por los sistemas ALPR con otros estados para dar “información sobre posibles delincuencias”.
Además, expresó que “la demanda contra El Cajón no se trata de seguridad ni privacidad, sino de control. Los líderes de California priorizan a los criminales sobre los ciudadanos respetuosos de la ley y castigan a las ciudades que se atreven a pensar diferente. No nos dejaremos intimidar para que abandonemos lo que es correcto”.
¿Qué son los sistemas de Lectores Automatizados de Matrículas (ALPR)?
Los ALPR son cámaras controladas por computadora que capturan imágenes de matrículas y registran la hora, la fecha y el lugar en que se detecta un vehículo en particular. Se usan para vigilancia y recopilación de información confidencial de las personas sobre dónde trabajan, viven, se relacionan o viajan.
En los últimos años, hubo mucha inquietud en torno a que las fuerzas del orden federales o de los estados puedan usar de manera indebida los ALPR para controlar la inmigración y vigilar a manifestantes que ejercen su derecho a la libertad de expresión amparado en la Primera Enmienda.
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