Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han acusado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de transferir de manera ilegal información fiscal sensible de inmigrantes a las agencias de inmigración.
Esta semana, el Centro de Desarrollo Económico Comunitario del Sureste de Massachusetts (CEDC), en representación de la Alianza de Latinos por la Cultura (ALC) y Greater Boston Legal Services (GBLS), presentó una queja formal.
La denuncia sostiene que el IRS ha compartido datos personales y financieros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que violaría la ley de privacidad y pondría en riesgo a miles de personas.
Según estas organizaciones, la transferencia de esta información podría tener consecuencias muy serias para las comunidades inmigrantes.
Los datos, que incluyen nombres, direcciones, números de Seguro Social y detalles de empleo, no solo facilitan las deportaciones, sino que también crean un ambiente de miedo y desconfianza.
"Esta práctica no solo infringe la privacidad, sino que también socava la confianza de los inmigrantes en las instituciones gubernamentales", comentó un representante de la ALC. "Ahora, muchas personas temen presentar sus impuestos, lo que podría afectar su capacidad para trabajar legalmente y acceder a servicios esenciales".
El caso se centra en la Ley de Protección de la Información del Contribuyente, que establece reglas estrictas sobre cómo el gobierno puede utilizar la información fiscal.
Los abogados de GBLS argumentan que la ley protege a los contribuyentes, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el IRS ha justificado la entrega de información a otras agencias de aplicación de la ley.
La demanda busca una orden judicial que detenga esta práctica y asegure que la información de los contribuyentes se mantenga confidencial.
¿Cuáles son las consecuencias para inmigrantes de esta alianza entre las agencias federales: IRS y el ICE?
Las implicaciones de esta denuncia van más allá de los individuos. La economía de muchas comunidades depende de la fuerza laboral inmigrante.
Si los inmigrantes dejan de presentar impuestos, el gobierno podría perder ingresos fiscales significativos, reseña EFE.
La falta de acceso a servicios financieros y a la seguridad social debido al temor a la deportación también podría desestabilizar a familias y comunidades enteras.
"Es una situación de perder-perder para todos", concluyó el CEDC. "El gobierno utiliza la información que se le confía para perseguir a los contribuyentes, en lugar de protegerlos".
La acción legal busca no solo proteger los derechos de los inmigrantes, sino también garantizar que las agencias gubernamentales operen con transparencia y respeto por la privacidad de todos los ciudadanos y residentes.
La denuncia presentada por CEDC, ALC y GBLS subraya la necesidad de una reforma en las políticas de privacidad y protección de datos dentro de las agencias federales.
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