El artículo 720 ILCS 5/24-1, que es parte del Código Penal de Illinois, ha suscitado un fuerte debate tanto a nivel estatal como nacional.
El cambio, que comenzó a aplicarse hace poco, otorga más poder al gobierno estatal para limitar el uso y la portación de armas de fuego en zonas catalogadas como delicadas, por ejemplo el transporte público.
Esta medida es un esfuerzo consciente de las autoridades para equilibrar el derecho constitucional a tener armas con la obligación de asegurar la seguridad pública en lugares con una gran concentración de personas.
El reciente artículo determina con mayor claridad los lugares dónde los portadores de una licencia de porte oculto (concealed carry license) pueden transportar sus armas.
Ahora, la principal limitación se aplica al transporte público, que incluye autobuses y trenes de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) y otras agencias regionales.
La ley original ya prohibía portar armas en escuelas, tribunales y otros edificios gubernamentales, pero la adición de los sistemas de tránsito masivo ha sido el punto más conflictivo para los defensores de los derechos de armas.
La postura del gobierno estatal y la respuesta de grupos proarmas
La acción es una respuesta directa a la creciente inquietud acerca de la violencia con armas y a la urgencia de salvaguardar a los ciudadanos en lugares públicos muy concurridos, según el gobernador de Illinois y los legisladores que propusieron la enmienda.
"Nuestro propósito es sencillo: queremos garantizar que nuestros sistemas de transporte continúen siendo espacios seguros para todos los residentes de Illinois", declaró un vocero del gobierno.
La modificación tiene como objetivo disminuir el riesgo de sucesos violentos, tanto accidentales como deliberados, en espacios donde la densidad de los pasajeros torna la situación especialmente riesgosa.
Por otra parte, la enmienda ha suscitado una intensa respuesta de entidades como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la Asociación de Propietarios de Armas de Illinois (ISRA).
Estos grupos sostienen que la ley viola el derecho a la autodefensa de los ciudadanos, privándolos de la capacidad de protegerse en los trayectos diarios, reseña El Tiempo.
Argumentan que los criminales no respetarán la nueva ley, mientras que los ciudadanos respetuosos de la ley serán los únicos desarmados.
La ISRA ha anunciado que está explorando posibles acciones legales para desafiar la constitucionalidad de la restricción, basándose en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
¿Qué establece la ley sobre el ciudadano común de Illinois?
La modificación del Código Penal implica que los habitantes de Illinois, de acuerdo con la página web oficial del estado, no tienen permitido llevar armas de fuego en trenes, autobuses o dentro de las estaciones de transporte público, aunque tengan una licencia vigente.
Las sanciones penales a las que se enfrentan los infractores pueden conllevar, entre otras cosas, multas importantes, la revocación de su licencia para portar armas e incluso penas de prisión.
La aplicación de la ley se enfocará en identificar y castigar a los que incumplan estas nuevas normas, mientras que las autoridades policiales y de transporte estatal trabajarán juntas para asegurar su cumplimiento.
Este cambio legislativo subraya la tensión continua entre la protección de las libertades individuales y la seguridad colectiva.
A medida que la batalla legal y política se intensifica, el futuro de la ley y su impacto en la seguridad y los derechos de los ciudadanos de Illinois sigue siendo un tema de gran incertidumbre.
La decisión final probablemente recaerá en los tribunales, que deberán interpretar la Segunda Enmienda a la luz de las nuevas realidades de la seguridad pública en la América del siglo XXI.
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