En Estados Unidos (EEUU) los cambios que la administración de Donald Trump ha hecho en la aplicación de las leyes de inmigración han afectado directa o indirectamente a miles de estudiantes que son o tienen familiares indocumentados.
Recordemos que, desde que se le dio fin a la política de “lugares sensibles” que protegía las escuelas y otros espacios de las redadas migratorias, el pánico ha paralizado a las familias y también a los propios niños.
En principio, las escuelas se han visto afectadas con una menor asistencia, un aumento de la ansiedad entre las familias inmigrantes y nuevos retos para los administradores.
Ahora, vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que muchos estados y distritos actualizaron o introdujeron rápidamente políticas de “zonas seguras” para proteger el acceso a la educación.
Esto, guiándose por las leyes federales y estatales y la decisión del Tribunal Supremo de 1982 en el caso Plyler v. Doe.
Aunque las directrices federales parecen sabotear los márgenes de la ley, ya que las maniobras de los operativos y hasta dónde pueden llegar son líneas que se vuelven cada vez más borrosas.
El derecho primordial de los niños en EEUU
Entonces, como se mencionó, la principal ley que se debe mencionar en cuanto a los derechos de los menores inmigrante es la derivada de Plyler v. Doe.
Esta garantiza a todos los niños -independientemente de su estatus migratorio- el derecho a la educación pública.
Estas políticas han vuelto al foco durante este regreso a clases, ya que se ha vuelto prioridad para las instituciones el derecho a la educación de los niños de familias inmigrantes.
dictaminó que es inconstitucional que las escuelas públicas nieguen la educación a los niños por su estatus de inmigración, ya sea de ellos o de sus padres.
Esto significa que:
- Acceso a la educación: Todos los niños tienen derecho a matricularse en escuelas públicas de kindergarten a 12º grado, sin importar si son ciudadanos, residentes o indocumentados.
- Prohibición de discriminación: Las escuelas no pueden discriminar ni negar la admisión a un estudiante por su estatus migratorio.
- Prohibición de solicitar información migratoria: Para matricular a un niño, las escuelas no pueden exigir documentos como el Número de Seguridad Social, preguntar sobre el estatus de inmigración, el lugar de nacimiento de los padres o pedir documentos que demuestren la residencia legal.
- Protección de la privacidad: La Ley de Derechos y Privacidad Educativa de la Familia (FERPA) protege los registros estudiantiles. Las escuelas no pueden compartir información confidencial de los estudiantes, incluyendo datos sobre su estatus migratorio, con agencias externas como ICE sin una orden judicial.
- Apoyo lingüístico: Las escuelas públicas tienen la obligación de identificar a los estudiantes que necesitan apoyo con el idioma inglés y ofrecerles recursos y programas para ayudarlos a aprender.
- Protección contra el acoso y la intimidación: Los niños migrantes, al igual que todos los estudiantes, tienen derecho a un entorno escolar seguro, libre de acoso y discriminación basados en su origen étnico, nacionalidad o estatus migratorio.
Esfuerzos estadales particulares
California:
- En el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles habrá medidas de protección sin precedentes en este regreso a clases, para los estudiantes inmigrantes.
Se desplegan policías escolares, agentes municipales y voluntarios de la comunidad para establecer “zonas seguras” alrededor de unos 100 campus, especialmente en áreas con alta población latina.
Incluso modificando las rutas de los autobuses para reducir la exposición a los agentes de inmigración, además de que se ha creado un fondo para el apoyo de las familias que se enfrenten a una detención.
- Mientras que, el Distrito Escolar Unificado de San Diego adoptó una resolución que prohíbe al ICE entrar en las escuelas sin una orden judicial y afirma la negativa del distrito a ayudar en la aplicación de las leyes federales de inmigración civil.
Utah, Denver y Filadelfia:
- El Distrito Escolar de Salt Lake City (Utah) recordó a las familias que el distrito no realiza un seguimiento de la situación de inmigración y les instó a actualizar la información de contacto en caso de emergencia
- Las Escuelas Públicas de Denver aconsejaron a los directores que denegaran la entrada a los funcionarios sin cita previa o asuntos escolares válidos.
El distrito también puso en marcha protocolos para asegurar los perímetros, cerrando las puertas con llave para impedir el acceso no autorizado
- El Distrito Escolar de Filadelfia emitió directrices en las que ordenaba al personal que no facilitara a los agentes del ICE información sobre los alumnos ni acceso al recinto escolar sin la aprobación de los abogados del distrito
Lo que debe saber
Por otra parte, La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) prohíbe a las escuelas compartir información del expediente de un estudiante con agencias externas, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sin una orden judicial.
En medio de tantas peticiones, demandas y fallos judiciales, vale la pena destacar que el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe no ha sido desestimado.
Por lo que sigue siendo la ley vigente que garantiza el derecho a la educación pública para todos los niños, sin importar su estatus migratorio.
Entonces, actualmente:
- Las escuelas no pueden preguntar ni exigir pruebas de la situación migratoria.
- Nadie está obligado a facilitar un número de la Seguridad Social para matricularse en la escuela.
- Si ICE visita una escuela, el personal debe seguir protocolos estrictos, a menudo requiriendo consulta legal antes de conceder el acceso.
Aunque hay que entender que este es un tema que está en el “centro del huracán” y que la situación podría cambiar a mediano o largo plazo.
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