Las órdenes de desalojo en Nueva York son un tema que preocupa a miles de inquilinos, especialmente en tiempos de alzas en los alquileres y tensiones económicas.
La ley de la ciudad protege a todos los arrendatarios, sin importar su estatus migratorio, y establece reglas claras sobre lo que los propietarios pueden y no pueden hacer al momento de un aumento de renta o una posible expulsión.
Lo que dice la ley sobre aumentos de alquiler y avisos obligatorios
Los dueños de vivienda en Nueva York están obligados a dar aviso por escrito cuando planean subir el alquiler en más del 5% o cuando deciden no renovar el contrato. El período de preaviso depende del tiempo que el inquilino ha vivido en el apartamento:
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30 días si lleva menos de un año.
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60 días si ha residido entre uno y dos años o tiene un contrato de al menos un año.
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90 días si ha vivido más de dos años o tiene un contrato de al menos dos años.
Si el arrendador no cumple con estos plazos, el inquilino puede seguir en el apartamento pagando la misma renta hasta que se cumpla el tiempo legal.
Además, desde 2024 rige la ley de desalojo por buena causa, que impide expulsiones injustificadas en ciertos alquileres no regulados y considera “irrazonables” los aumentos por encima del 8,79%, el estándar actual basado en la inflación.
Lo legal e ilegal en las órdenes de desalojo
Un propietario no puede simplemente cambiar la cerradura o cortar servicios básicos para sacar a un inquilino. Cualquier desalojo requiere una orden judicial emitida por un tribunal de vivienda, y solo un alguacil de Nueva York puede ejecutarla.
Una vez que un juez aprueba la medida, el alguacil debe notificar al arrendatario con al menos 14 días de anticipación antes de proceder.
Si un dueño intenta impedir el acceso al apartamento o suspende electricidad, agua o calefacción para forzar la salida, el inquilino debe llamar al 911.
También puede recurrir al 311 y pedir la Línea de Ayuda para Inquilinos, donde ofrecen asesoría gratuita sobre derechos y asistencia legal, en especial para familias de bajos ingresos.
En Nueva York, incluso si el contrato no está regulado, los inquilinos gozan de protecciones fundamentales: derecho a un proceso judicial, a plazos de aviso justo y a evitar abusos por parte de los propietarios.
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